UN TRANSEXUAL EN LA ESPAÑA DE FELIPE II




Eleno de Céspedes, representado por Ria Brodell en 2011.
"Céspedes - Elena y Eleno de. Natural de Álama, esclava y después libre, casó con un hombre y tuvo un hijo; después y muerto su marido se vistió de hombre y estuvo en la Guerra de los Moriscos de Granada, se examinó de cirujano y se casó con una muger (sic), fue presa en Ocaña y llevada a la Inquisición, donde se le acusa y condena por desprecio al Matrimonio y tener pacto con el Demonio". Así, con el nombre en letras grandes para mostrar la importancia del caso, resumía el tribunal del Santo Oficio el proceso de fe contra Eleno de Céspedes, una mujer que vivió públicamente como hombre en la España de Felipe II. Su caso, una rara avis en el siglo XVI, recuerda este lunes, Día Internacional de la Memoria Transexual, que la transexualidad existía mucho antes de ser definida como tal por la ciencia en el siglo XX.

"Lo que hace especial este caso respecto a los cientos de procesos contra homosexuales que hubo en esa época es que, sin duda alguna, fue una transexual que llevó hasta el extremo su deseo de ser hombre", explica Ignacio Ruiz, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y coautor de Elena o Eleno de Céspedes, el último libro sobre el caso, publicado este año por la editorial Dykinson.

Casi todo lo que sabemos del personaje procede de las más de 300 páginas de su proceso inquisitorial. Nació en torno a 1545 en la localidad granadina de Alhama, fruto de una relación extramatrimonial de su padre con una esclava negra que servía en la casa. Se desconoce cuál era entonces su nombre o si tenía (algunos esclavos carecían de él), hasta que con ocho años fue liberada y aprendió su primer oficio, el de tejedora. En la adolescencia se casó con un albañil con el que "hizo vida maridable como tres meses" -según consta en el acta inquisitorial- hasta que, embarazada, abandonó la casa. Nunca más volvería a tener sexo con un hombre. Entregó a su hijo a unas personas que vivían en Sevilla e inició un periplo por numerosas ciudades de España. En Sanlúcar de Barrameda tuvo su primera amante y en Arcos de la Frontera empezó a vestir de hombre. Cambiaba cada poco su residencia en un siglo en el que el grueso de la población vivía y moría donde nació. "Se acostaba con bastantes mujeres y se iba: sabía que los vecinos estaban obligados a denunciarlo a la Inquisición", subraya Ruiz.


Proceso de fe de Elena de Céspedes.
Luego se alistó como soldado para acabar con la Rebelión de las Alpujarras, el levantamiento de los moriscos a causa de un edicto que prohibía su forma de vida. Se mudó a Madrid, recién nombrada capital, aprendió el oficio de cirujano (que ejerció en el hospital de la Corte y luego en El Escorial, donde la acusaron de intrusismo), se examinó y logró la licencia. "Es la primera cirujana en la historia de la medicina española, aunque obtuviera fraudulentamente el título" porque estaba entonces reservado a los hombres, apunta Emilio Maganto Pavón, exjefe de la sección de Urología en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y autor del libro El proceso inquisitorial contra Eleno de Céspedes, publicado en 2007 por Método Gráfico.

En Yepes se casó con una mujer, María del Caño, después de que un examen genital ordenado por el párroco ante la sospecha de que fuese "lampiño o capón" certificase erróneamente que podría engendrar hijos, fin último del matrimonio canónico. Convivió con su esposa poco más de un año, hasta que un antiguo compañero de armas (que había oído decir en las Alpujarras que era una mujer disfrazada de hombre) lo denunció. La pareja fue apresada y sometida en Ocaña a un juicio que fue seguido de otro inquisitorial en Toledo, solo contra Eleno, y que acabó con una condena de 200 azotes públicos y reclusión durante diez años en un hospital. Su caso había tenido tal resonancia que el director del centro tuvo que pedir que trasladasen al nuevo reo por "el grande estorbo y embarazo" que causaba su presencia, como indica en la carta que envió al Santo Oficio. "Estoy seguro de que, de manera callada y pausada, muchos homosexuales se acercaban a ver ese caso de valentía absoluta", opina Ruiz.

Quedan muchas dudas sobre los genitales de Eleno. Hasta el juicio logró que numerosas personas, entre ellas nada menos que Francisco Díaz, cirujano de Felipe II y autor del primer tratado de urología, le certificasen como varón, lo que le permitió casarse con una mujer. ¿Cómo? Ruiz cree que solo pudo lograrlo implantándose los genitales masculinos de un cadáver para superar las amonestaciones necesarias para contraer matrimonio. Maganto apunta a un "artificio" que resultó creíble para la época. "Se hizo una automutilación gracias a sus conocimientos de cirugía y a la ayuda de una curandera morisca: disimuló los pechos con vendajes compresivos y se obturó la vagina usando elementos cáusticos, hasta el punto de que nadie conseguía encontrarla", precisa. En el proceso de Ocaña se habla de que recurría con su mujer a un "instrumento tieso y liso" .

"Debía de ser un consolador llamado baldrés, hecho de madera forrado con cuero blando", señala Maganto. "El lesbianismo era entonces casi invisible y quedaba fuera del radar. Solo se consideraba sodomía si había un falo falso", explica por teléfono desde EE UU Israel Burshatin, doctor por la Universidad de Columbia experto en estudios de género que analizó el caso en el ensayo Queer Iberia.

¿Cómo se autodefiniría Elena/o de Céspedes si viviera hoy? "Era un varón atrapado en el cuerpo de una mujer. Tiene claros elementos de transexualidad", afirma Maganto. Ruiz también lo tiene claro: "se trata de un transexual", de "un personaje frontera, siempre al filo de la navaja". "Es posible que sea un individuo entre géneros. Ahora estamos en ese respecto más cerca del siglo XVI que del siglo XIX, en el que había una dualidad clara hombre-mujer", apunta Burshatin tras resaltar el contraste entre la "vida fronteriza" de un Eleno de piel oscura y la buscada homogeneidad del "cristiano viejo" en la España postReconquista, en la que el Concilio de Trento, concluido poco antes del juicio, había aumentado además la preocupación sobre el matrimonio.

La prueba más gráfica de esta ambigüedad era su propio nombre. Pasó de Elena a Eleno y en el Ejército se hacía llamar Céspedes, a secas. "Incluso en su firma, el propio rabito de la 'o' estaba hecho de forma que podía parecer una 'a", ejemplifica Ruiz.

La opción de que Eleno fuese hermafrodita, un concepto que ya existía, resulta poco creíble. Parece más bien una estrategia de defensa que improvisó tras dos años en prisión: argumentar que le había salido una especie de pene al dar a la luz, que "por entender que era hombre y no muger" (sic) se casó para "estar en serviçio de Dios" tras años de lecho en lecho y que el pene se le fue cayendo en la cárcel. No convenció al tribunal, que le halló culpable de "menosprecio del matrimonio" y "pacto con el demonio".

El caso fue tan conocido en la época que posiblemente inspirase a Miguel de Cervantes su personaje Cenotia, una suerte de maga nacida en Alhama de Granada y huida de la Inquisición que aparece en Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Lo recuerda desde 2012 una placa en la localidad.

FUENTE: EL PAÍS (Antonio Pita) 19 NOVIEMBRE 2017

ESPAÑA NO ES LA NACIÓN MÁS ANTIGUA DE EUROPA


Medallón de los Reyes Católicos, en la fachada de la Universidad de Salamanca.

Mariano Rajoy insiste una y otra vez: “España es la nación más antigua de Europa”. Pero aunque lo repita mil veces, el presidente del Gobierno no puede cambiar la historia. La última vez que utilizó su frase fetiche fue el pasado lunes, después de que el exconsejero catalán Francesc Homs declarase en el Tribunal Supremo por su participación en la celebración del referéndum independentista en Cataluña, el 9 de noviembre de 2014. Si Homs resulta condenado será, según dijo el exconseller “el fin del Estado español”. Pero Rajoy no lo cree posible: “España goza de muy buena salud, es la nación más antigua de Europa”. El presidente se equivoca, al menos en su segunda afirmación. Francia o Inglaterra nacieron antes.

En primer lugar, “Rajoy confunde los conceptos de nación y Estado y proyecta sus propios deseos en el pasado”, asegura José Álvarez Junco, catedrático de Historia del Pensamiento de la Universidad Complutense. Según el historiador, lo que define a una nación es un elemento subjetivo, “grupos de individuos que creen compartir ciertos rasgos culturales y viven sobre un territorio al que consideran propio”, mientras que los Estados modernos son “estructuras político-administrativas que controlan un territorio y la población que lo habita”.

Teniendo en cuenta este elemento subjetivo, “si por nación entendemos un ente etéreo que se lleva en el alma, Rajoy puede decir lo que quiera, puede decir que la nación más antigua es la que él adora”, explica Álvarez Junco, autor de Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX. “En cambio”, continúa, “si por nación entendemos un Estado-nación, con unas fronteras, que responden a un nombre y ese nombre es España, España no es la nación más antigua de Europa”.

El presidente del Gobierno sitúa el nacimiento del Estado español en la época de los Reyes Católicos, a finales del siglo XV y principios del XVI —“Este país es una gran nación con más de 500 años de historia”, ha dicho en varias ocasiones—. Pero el matrimonio de Isabel y Fernando, según coinciden los historiadores, no logró la unidad de España. “Los Reyes Católicos no fundan ninguna nación ni tan siquiera un Estado”, asegura el historiador y escritor de novela histórica José Luis Corral. “Cuando muere Isabel, el 26 de noviembre de 1504, Fernando deja de ser rey de Castilla, ya que solo fue rey de Castilla como consorte de Isabel”, apunta el autor de El vuelo del Águila. “La corona de Aragón, la de Castilla, la de Nápoles y Sicilia y el imperio alemán incorporado con la llegada de Carlos I siguen teniendo sus propias normas y derechos, su propia fiscalidad y su propia moneda”, continúa Corral. Y aún más, “hasta el siglo XIX las coronas de Aragón y Castilla tienen monedas diferentes”.

Tampoco Álvarez Junco cree que la España de los Reyes Católicos sea un Estado-nación: “Es una monarquía confederal, compleja, es un conjunto de señoríos”. Una prueba de ello es el “complejísimo escudo” que tenía. “Una nación se ve representada por un animal, dos colores, tres colores, en definitiva, un símbolo sencillo”. Pero el escudo de los Reyes Católicos es “un aglomerado de territorios y señoríos”.

Pero ni siquiera “estirando mucho el término del concepto moderno de nación” y aplicándolo a la unión dinástica nacida con el matrimonio de los Reyes Católicos, España es la nación más antigua de Europa, señala Ruiz-Domènec, catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Barcelona. “El concepto de nación, tal y como hoy en día se configura, se desarrolló en Francia a finales del siglo XII y principios del siglo XIII”, explica el experto en historia europea. Y lo mismo ocurre con Inglaterra: 
“Adquiere esta connotación nacional a principios del siglo XIII, cuando Eduardo I configura el Parlamento”.

Incluso “del reino de Francia, con capital en París, y del Reino de Inglaterra, con capital en Londres, se habla desde el año 1000”, apunta Álvarez Junco. Es el mismo año en el que, según José Luis Corral, nace Islandia: “Se constituye como una nación, con unos hombres libres en la asamblea de Althing”.

¿Y cuando surge España? “Rajoy no solo confunde los conceptos de Estado y nación sino los de territorio y nación, por eso, la historia de España podría incluso empezar con los romanos, dado que la llamaron Hispania, pero eso no significa que empiece la historia de la nación española”, explica José Enrique Ruiz-Domènec.

Para José Álvarez Junco, “si hablamos de nación moderna, de un conjunto humano compacto que se declara soberano sobre ese territorio habría que remontarse a las Cortes de Cádiz”, inauguradas en 1810. José Luis Corral cree, en cambio, que el “Estado español, tal y como hoy lo conocemos, nace en 1978. “En 1972, el Sáhara Occidental era tan español como la provincia de Albacete”.

En cualquier caso, la afirmación de Rajoy, de que “España es la nación más antigua de Europa” es falsa. Ni siquiera situando su nacimiento en la unión dinástica de los Reyes Católicos se alzaría con ese título: Francia e Inglaterra la superan en varios siglos.

FUENTE: EL PAÍS (Patricia R. Blanco) 5 MARZO 2017

LOS PACTOS DE LA MONCLOA, EL ACUERDO QUE CAMBIÓ ESPAÑA HACE 40 AÑOS




De izquierda a derecha, Enrique Tierno Galván (PSP), Santiago Carrillo (PCE), José María Triginer (FSC), Joan Reventós (PSC), Felipe González (PSOE), Juan Ajuriaguerra (PNV), Adolfo Suárez (UCD), Manuel Fraga (AP), Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD) y Miquel Roca (minoría catalana).

Este miércoles, 25 de octubre, se cumplen 40 años de la firma de los Pactos de la Moncloa (fueron dos, denominados Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política), que se convirtieron en un paradigma mundial de diálogo y convivencia democrática entre todas las fuerzas políticas y territorios (incluidos, evidentemente, los nacionalistas vascos y catalanes). Los pactos permitieron a España iniciar el camino de la modernización que la llevaría a integrarse en la Unión Europea y a tener uno de los periodos más largos de prosperidad de su historia.

La radiografía de aquella España de 1977 presentaba, en el terreno económico, un cuadro clínico explosivo que revelaba unas cifras que se parecían poco a las que había manejado la oficialidad franquista. Era una economía muy intervenida que llegaba duramente lacerada por la crisis económica mundial causada por el encarecimiento de los precios del petróleo tras la guerra del Yom Kippur entre árabes e israelíes de 1973. 
El PIB era de 9,1 billones de pesetas, con un PIB por habitante equivalente a 3.000 dólares (hoy supera los 28.000 dólares); un crecimiento en términos reales del 2,8% que parecía sólido, pero con un consumo privado más débil, en torno al 1,5%. El déficit público (en torno al 2%) no era alarmante, pero no incluía muchos organismos autónomos o empresas públicas e industrias que luego tendrían que pasar por la reconversión. La inflación estaba oculta por la Junta Superior de Precios (JSP) y aquel año se disparó hasta un escalofriante 26,4%, aunque en algún momento del año llegó a rebasar el 30%, y los tipos de interés para créditos personales superaban el 10%, aunque no tardarían en sobrepasar el 20%.

También apareció entonces otro de los graves problemas estructurales de la economía española, que se ha instalado a lo largo de los 40 años, el desempleo, que se vio alimentado por la vuelta de muchos emigrantes, en parte atraídos por la apertura, pero también porque la crisis del petróleo había hecho mella en los países en los que se encontraban. En 1973, los parados rondaban los 325.000, según la Encuesta de Población Activa (EPA). En diciembre de 1976 había pasado a 627.990 y a 760.060 un año después, para superar el millón a finales de 1978. La tasa de paro sobre la población activa era a finales de 1977 de 5,69%. Desde entonces se desbocó hasta superar el 25% y los cinco millones de desempleados de los últimos años.

Además, el peso del sector primario era todavía alto. De los 12,5 millones de trabajadores ocupados que había en 1977 (casi 19 millones en la actualidad), 2,5 millones lo estaban en agricultura (ahora hay menos de un millón) y más de 5,3 millones ya estaban en el sector servicios, cifra que en la actualidad ha crecido hasta los 14 millones. El turismo, la primera industria nacional, trajo a España 34 millones de visitantes, bastante menos de la mitad de los más de 80 millones que se esperan para este año si no se tuercen las previsiones por la crisis catalana.

El sector empresarial era una mezcla de monopolios y oligopolios, controlados en su mayor parte por el Estado, que había acogido en su seno a empresas quebradas de todo signo y condición como solución alternativa al cierre antes de tener que enfrentarse a problemas sociales. Era una economía intervencionista y rígida que no tenía capacidad competitiva, en la que la JSP fijaba el valor de compra de los artículos básicos mediante los escandallos de costes. Una antigualla franquista.

Todo estaba roto o descosido. La decisión del Gobierno de Suárez (UCD), recién salido de las urnas el 15-J, de devaluar la peseta casi un 20% era un síntoma claro de la crítica situación que vivía el país. Con los precios desbocados y la estructura social maltrecha no cabía otra salida que buscar un gran acuerdo nacional con la participación de todas las fuerzas políticas y sociales. Suárez encargó a Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente al frente del área económica, y a Fernando Abril Martorell, vicepresidente encargado del área política, que pusieran en marcha la maquinaria para corregir las grandes lacras que lastraban la economía española: la inflación, el desempleo y el fuerte déficit exterior, que superaba los 11.000 millones de dólares.

Estaban en marcha los Pactos de la Moncloa. Se trataba de involucrar a todos. “O los demócratas acaban con la crisis económica o la crisis acaba con la democracia”, afirmó Fuentes Quintana recuperando una frase de un político republicano de 1932. Y allí estaban invitados los políticos que venían del franquismo con ánimos de cambio y los partidos de izquierda; los sindicatos, recién salidos de las catacumbas, y los empresarios, que acababan de constituir la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Así representó Peridis en vísperas de la firma de los acuerdos lo delicado de la negociación.

“La idea era un ajuste general para luego abordar una Constitución para todos y no que estuviera partida, ése era el sentido profundo de aquellos pactos”, sostiene José Luis Leal, entonces director general de Política Económica. Leal, que luego sería ministro de Economía con UCD, formó el equipo que redactó el documento técnico base para los pactos junto a Manuel Lagares, subsecretario de Economía; Luis Ángel Rojo, director del Servicio de Estudios del Banco de España, y Blas Calzada, director general de Estadística.

“Situación insostenible”

El documento técnico tenía que pasar la aprobación política. Abril negoció primero con Carrillo, lo que no agradó mucho al PSOE, que había salido de las elecciones generales con una clara perspectiva de llegar al poder. Quizá por ello mostró bastantes reticencias a dar su respaldo, cuando la propia UGT (su sindicato hermano) no los veía mal. Sin embargo, Felipe González accedió a firmar. “Había un evidente riesgo de descarrilamiento, los ingresos no iban bien, la balanza exterior presentaba un enorme déficit, empezaba a aflorar el desempleo..., la situación era insostenible”, afirma Carlos Solchaga, que unos años después sería ministro de Industria con el PSOE y, después, de Economía.

La ausencia de los sindicatos y la patronal de la histórica foto de la firma en la Moncloa se debió, según recuerdan algunos de los protagonistas, a que los pactos tuvieran más la rúbrica política de las fuerzas representadas en el Parlamento. “Los Pactos de la Moncloa se hicieron porque los sindicatos nos negamos a hacer el pacto social que nos proponía Suárez”, recuerda Nicolás Sartorius, dirigente entonces de Comisiones Obreras y del PCE; “le sugerimos que lo importante era alcanzar un acuerdo económico y político. Si hubiera alcanzado un pacto social con nosotros, probablemente habría pasado de buscar acuerdos tan amplios con los partidos como los que dieron lugar a los Pactos de la Moncloa”.

“Lo que la gente quería”, destaca Solchaga, “era pasar de la falta de libertad sindical a tener sindicatos libres, de la falta del derecho de huelga a la aplicación del derecho de huelga, de un sistema paternalista de protección de trabajadores al Estatuto de los Trabajadores y la Ley Básica de Empleo. Los ciudadanos querían pasar de un statu quo a otro, pero sin pensar en las dificultades para financiar ese cambio en plena crisis económica”.

Por ello, además de un acuerdo de ajuste salarial, se abordó la implantación de un sistema fiscal moderno, del que se encargó especialmente Francisco Fernández Ordóñez como ministro de Hacienda (años más tarde sería ministro de Asuntos Exteriores con Felipe González). Junto a Fuentes Quintana, creó el modelo actual de IRPF. Para Sartorius fue una de las claves, “porque permitió invertir en campos en los que el país estaba profundamente retrasado, como la educación y la sanidad y permitía comenzar a implantar el Estado de bienestar”. Con el sistema franquista de impuestos indirectos, la presión fiscal apenas suponía el 22% del PIB (frente al 37% actual), por lo que no había ingresos suficientes para hacer frente a los compromisos de gasto a los que el Gobierno de Suárez estaba llegando con los sindicatos.

Pero, además de introducir un impuesto progresivo sobre la renta, se sentaron las bases del sistema financiero moderno, se reformó una Seguridad Social que estaba dispersa en innumerables montepíos, muchos de ellos quebrados, se construyeron escuelas que permitieron que todos los niños tuvieran acceso a la educación.

 
Así describió Máximo en EL PAÍS la esencia de estos acuerdos.
 
También se puso en marcha un programa, presupuestario y monetario, que permitió, en un año, rebajar al 16,5% la tasa de inflación sin que por ello se produjeran pérdidas de poder adquisitivo para los asalariados; el déficit del sector exterior se transformó en excedente, pero no pudo evitarse el aumento del paro. Ello fue así, en parte, porque cuando el programa comenzaba a dar sus frutos tuvo lugar un nuevo episodio de alza de los precios del petróleo que los llevó en muy poco tiempo a superar los 100 dólares por barril, lo cual, para una economía como la española, muy dependiente del petróleo, fue una auténtica catástrofe.
Los Pactos de la Moncloa, que no se prorrogaron quizá por razones electorales (el PCE hubiera preferido un Gobierno de concentración, pero el PSOE quería sustituir cuanto antes a UCD), fueron un cambio fundamental que sirvió, más allá del consenso político y de la corrección de algunos desequilibrios, “para sanear la economía y sentar las bases para acercarse a Europa y el posterior crecimiento”, apostilla Leal, quien luego sería ministro de Economía con UCD.

En materia política, el acuerdo permitió modificar las restricciones de la libertad de prensa, quedando prohibida la censura previa, y un cambio de la legislación sobre secretos oficiales. Asimismo, se aprobaron los derechos de asociación política, de reunión y la libertad de expresión, tipificando los delitos correspondientes por la violación de los mismos. Se creó el delito de tortura; se reconoció la asistencia letrada a los detenidos; se despenalizó el adulterio y el amancebamiento; se derogó la estructura del Movimiento Nacional, así como otras medidas sobre la restricción de la jurisdicción penal militar…

Los Pactos de la Moncloa fueron, con sus luces y sus sombras, el arreón definitivo para consolidar la democracia en España y dar paso a la Constitución de 1978, aunque hubo algunos peligros difíciles de sortear, como el intento del golpe de Estado del 23-F en 1981. Pero, para entonces, la democracia ya había cogido carrera y era difícil detener a una mayoría abrumadora que quería libertad. Después de la firma comenzó la labor de modernización del país. Los Gobiernos de UCD, cogidos por alfileres y formados por una sopa de letras de grupos, hicieron lo que pudieron para modernizar la economía. En 1982, tomó el relevo el PSOE, que completaría el camino hacia Europa.


Tres catalanes entre los 10 firmantes

La coincidencia del 40 Aniversario de los Pactos de La Moncloa con la grave crisis de Cataluña confiere a aquellos acuerdos mucha más relevancia. Los desencuentros que se han producido estos días amenazan con tirar por la borda aquel espíritu constructivo y de entendimiento, que, quizá, se ha roto por no haber sabido los dirigentes de un lado y otro avanzar en el diálogo que se fraguó entonces. Fue un sentimiento que se reflejó en que, entre los 10 firmantes de los Pactos, había tres catalanes: Miquel Roca (por Convergència i Unió, hoy reconvertido en PDCat ), Josep Maria Triginer (por la Federación Catalana del PSOE) y Joan Reventós (por Convergencia Socialista de Cataluña).

Los pactos se firmaron en el Palacio de la Moncloa, que se había convertido en la sede del Gobierno tras el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente, para después ser ratificados en el Congreso de los Diputados dos días después y en el Senado el 11 de noviembre de 1977. Además de los tres catalanes citados plasmaron su rúbrica Suárez en nombre del Gobierno; Leopoldo Calvo-Sotelo, por UCD, fundado por Suárez a partir de varios grupos impulsados en su mayor parte por políticos que habían sido dirigentes durante el franquismo (el propio Suárez había sido ministro secretario general del Movimiento); Felipe González, por el resucitado PSOE; Santiago Carrillo, por el PCE, que había sido legalizado la Semana Santa de aquel año; Enrique Tierno Galván, por el Partido Socialista Popular (PSP); Juan Ajuriaguerra, por el Partico Nacionalista Vasco (PNV), y Manuel Fraga Iribarne, por Alianza Popular, que no suscribió el acuerdo político, pero sí el económico. Viniendo de donde venía, se entiende su postura.

Subida salarial del 22%, inflación del 26,4%

Los sindicatos y la patronal no firmaron los pactos, aunque concedieron su apoyo, los primeros implícitamente representados por los partidos de izquierda (PSOE y PCE) y los empresarios porque ya se habían convencido de que los tiempos estaban cambiando y había que aceptar la transición a la democracia. Eso no quería decir que las organizaciones sindicales (Nicolás Redondo lideraba UGT y Marcelino Camacho, CC OO) y la patronal quedaran al margen.

“Siempre prestaron un sólido apoyo”, sostiene José Luis Leal, que negoció con los sindicatos un aumento salarial del 22% (20 puntos más dos de deslizamiento) cuando la inflación acabaría ese año con el 26,4%. Aquel acuerdo allanaba el camino para el pacto político, pero no resultaba muy explicable que los sueldos subieran menos que la inflación, lo que llevó a Camacho a decir aquello de “las matemáticas de la burguesía”. Pero los sindicatos aceptaron y tuvieron que soportar que en alguna fábrica más de un militante les arrojara el carnet a la cara.

“Lo más importante es que, tras ese acuerdo, se empezaron a calcular los salarios sobre la inflación prevista y no sobre la pasada y, a cambio, se procedió a realizar la reforma fiscal, que era absolutamente necesaria”, enfatiza Nicolás Sartorius, uno de los negociadores por CC OO. Probablemente, el sacrificio era porque no sólo era salario real de lo que se hablaba. “Había que considerar también el salario social; es decir, aumentar el gasto social en capítulos que mejoraban notablemente el Estado de bienestar, como educación y sanidad”, completa el exministro socialista Carlos Solchaga.


Subida salarial del 22%, inflación del 26,4%

Los sindicatos y la patronal no firmaron los pactos, aunque concedieron su apoyo, los primeros implícitamente representados por los partidos de izquierda (PSOE y PCE) y los empresarios porque ya se habían convencido de que los tiempos estaban cambiando y había que aceptar la transición a la democracia. Eso no quería decir que las organizaciones sindicales (Nicolás Redondo lideraba UGT y Marcelino Camacho, CC OO) y la patronal quedaran al margen.


“Siempre prestaron un sólido apoyo”, sostiene José Luis Leal, que negoció con los sindicatos un aumento salarial del 22% (20 puntos más dos de deslizamiento) cuando la inflación acabaría ese año con el 26,4%. Aquel acuerdo allanaba el camino para el pacto político, pero no resultaba muy explicable que los sueldos subieran menos que la inflación, lo que llevó a Camacho a decir aquello de “las matemáticas de la burguesía”. Pero los sindicatos aceptaron y tuvieron que soportar que en alguna fábrica más de un militante les arrojara el carnet a la cara.


“Lo más importante es que, tras ese acuerdo, se empezaron a calcular los salarios sobre la inflación prevista y no sobre la pasada y, a cambio, se procedió a realizar la reforma fiscal, que era absolutamente necesaria”, enfatiza Nicolás Sartorius, uno de los negociadores por CC OO. Probablemente, el sacrificio era porque no sólo era salario real de lo que se hablaba. “Había que considerar también el salario social; es decir, aumentar el gasto social en capítulos que mejoraban notablemente el Estado de bienestar, como educación y sanidad”, completa el exministro socialista Carlos Solchaga.



 FUENTE: EL PAÍS (Miguel Ángel Noceda) 21 OCTUBRE 2017