[Expulsión de los moriscos en el puerto de Denia]Los españoles hemos estado desorientados durante siglos acerca de la expulsión de los moriscos en 1609, presentada como necesaria medida de protección, tanto política como religiosa, contra una minoría desleal y apóstata. Don Antonio Cánovas del Castillo la consideraba tan necesaria que, según decía, de no realizarse a comienzos del siglo XVII habría sido preciso hacerla en el siglo XIX, dando a entender que la habría hecho él.
Hoy sabemos que semejante concepto procede de una campaña lanzada desde el poder para contrarrestar el estupor suscitado en toda la Monarquía por el hecho sin precedente del desarraigo de todo un pueblo bautizado por un país católico.
La idea del gran exilio, lanzada desde muy atrás, venía siendo rechazada como moralmente condenable, además de ruinosa, y Felipe II se negó siempre a su ejecución. El duque de Lerma, don Francisco Gómez de Sandoval, valido todopoderoso de Felipe III, fracasó en su intento de recabar el apoyo de la Inquisición, así como el del pontífice Pablo V, a quien se mantuvo ignorante del decreto hasta el último instante.
El reino de Valencia, que en ello se jugaba su futuro económico y especialmente el de su nobleza territorial, tropezó contra una muralla en su protesta. Aunque con miras interesadas, los titulares de señoríos, actuando en complicidad, lograron evitar la salida de muchos, y la ley, decidida en 1602 por el Consejo de Estado, conoció una historia de intensos vaivenes políticos hasta su promulgación en 1609.
Los moriscos, forzados por medio de la violencia a la conversión al cristianismo y nunca adoctrinados de un modo viable, eran desde luego un serio problema, pero aun así conocían un proceso de asimilación y (lo más esencial) no podían ser privados, en cuanto nacidos españoles, a la habitación (como entonces decían) sin previa figura de juicio. Los moriscos no eran (como los judíos) mera propiedad privada de los reyes cristianos. Por el contrario, poseían estatuto de naturales o "ciudadanos", según la doctrina de Pedro de Valencia.
Consulta el artículo completo de Francisco Márquez Villanueva, catedrático emérito de Literatura de la Universidad de Harvard, en este enlace de EL PAÍS.
Hoy sabemos que semejante concepto procede de una campaña lanzada desde el poder para contrarrestar el estupor suscitado en toda la Monarquía por el hecho sin precedente del desarraigo de todo un pueblo bautizado por un país católico.
La idea del gran exilio, lanzada desde muy atrás, venía siendo rechazada como moralmente condenable, además de ruinosa, y Felipe II se negó siempre a su ejecución. El duque de Lerma, don Francisco Gómez de Sandoval, valido todopoderoso de Felipe III, fracasó en su intento de recabar el apoyo de la Inquisición, así como el del pontífice Pablo V, a quien se mantuvo ignorante del decreto hasta el último instante.
El reino de Valencia, que en ello se jugaba su futuro económico y especialmente el de su nobleza territorial, tropezó contra una muralla en su protesta. Aunque con miras interesadas, los titulares de señoríos, actuando en complicidad, lograron evitar la salida de muchos, y la ley, decidida en 1602 por el Consejo de Estado, conoció una historia de intensos vaivenes políticos hasta su promulgación en 1609.
Los moriscos, forzados por medio de la violencia a la conversión al cristianismo y nunca adoctrinados de un modo viable, eran desde luego un serio problema, pero aun así conocían un proceso de asimilación y (lo más esencial) no podían ser privados, en cuanto nacidos españoles, a la habitación (como entonces decían) sin previa figura de juicio. Los moriscos no eran (como los judíos) mera propiedad privada de los reyes cristianos. Por el contrario, poseían estatuto de naturales o "ciudadanos", según la doctrina de Pedro de Valencia.
Consulta el artículo completo de Francisco Márquez Villanueva, catedrático emérito de Literatura de la Universidad de Harvard, en este enlace de EL PAÍS.