Odón Elorza entrega la Medalla de Oro a la familia de Jesús García Ripalda. / AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN |
“Jesús Mari García Ripalda (1952/5/12-1975/8/31). El día 31
de agosto de 1975, en este lugar, el policía franquista Lestón le asesinó de un
tiro a quemarropa en el vientre en una manifestación contra las penas de muerte
impuestas a Garmendia y Otaegui”. Este texto, encabezado por un “te
recordaremos siempre”, acompaña la placa que desde 2013 recuerda, en la calle
Padre Larroca de San Sebastián (Gipuzkoa), al joven Jesús María García Ripalda,
asesinado por un agente de la brigada político social del franquismo durante
uno de los “saltos” —que sustituían a las manifestaciones prohibidas al final
de la dictadura— organizados por el Movimiento Comunista de Euskadi (EMK).
García Ripalda, de cuyo asesinato
hoy se cumplen 40 años, fue una de
tantas víctimas mortales de los coletazos finales del franquismo. “La total
arbitrariedad e impunidad con que fue tratado su caso por la justicia
franquista ha provocado unas secuelas que exigen la reclamación de una memoria
justa y la eliminación de obstáculos a la investigación del pasado reciente”,
según exige Odón Elorza, exalcalde socialista de San Sebastián y diputado por
Gipuzkoa. “Estamos ante un caso en el que no hubo juicio, en el que el
asesinado no era terrorista ni el asesino era al que se le atribuye, Lestón”.
La tarde del 31 de agosto de 1975, García Ripalda portaba
una pancarta contra la petición de pena de muerte contra Garmendia y Otaegui,
presuntos miembros de ETA. Lo acompañaban unas 300 personas en uno de aquellos
“saltos” breves, que se disolvían en cuanto aparecía la policía. Testigos de
aquel “salto” aseguran que un policía de la brigada político social le disparó
a los segundos de iniciarse, probablemente por ser el portador de la pancarta.
Evidentemente, esos testigos nunca pudieron declarar.
Sin embargo, esa misma noche, según ha conocido recientemente
la familia de la víctima, declararon en el Gobierno civil, en San Sebastián,
sólo tres policías: Lestón, que era el jefe de la unidad, y dos policías que lo
acompañaban, José Fernández Espejo y Miguel Ángel Muñoz Rodríguez.
La instrucción corrió a cargo de un
juez militar del cuartel de Loyola porque García fue calificado como
“terrorista”. Unos días antes, el Consejo de Ministros franquista había
reactivado la Ley de Bandidaje y Terrorismo de la etapa de postguerra. El juez de
instrucción abrió un sumario que, días más tarde, envió a la Capitanía General
de Burgos con la petición de que lo archivara, dado que era un asunto de
terrorismo y el “terrorista” —García Ripalda— había fallecido.
Pocas semanas después, el 20 de noviembre de 1975, el mismo
día de la muerte del dictador Franco, la Capitanía General de Burgos archivó el
sumario, con lo que no hubo ni vista ni juicio, ni la familia de la víctima
pudo personarse en el caso. Los tres policías fueron destinados fuera de San Sebastián
y premiados. La familia García Ripalda engrosó la lista de víctimas de las
arbitrariedades de la dictadura franquista.
Sin embargo, casi 40 años después, el caso ha resurgido. Los
hijos de Lestón enviaron, en 2014, una carta al exalcalde de San Sebastián Odón
Elorza: aseguraban que su padre no asesinó a García Ripalda; admitían que
dirigía la patrulla, pero que el autor material de los disparos fue otro
policía. Le pidieron que mediara para reunirse con Cristina García Ripalda,
hermana de la víctima, para explicarle los hechos y realizar un “gesto de
reconciliación”.
El exalcalde socialista de San
Sebastián Odón Elorza cree que el caso revela el “disparate” de una situación
en la que la “justicia franquista” convierte a la víctima “en culpable de
terrorismo”. El diputado también aprecia una “grave laguna” en la Ley de
Transparencia: al no amparar todavía el acceso público a estos documentos
“permite el desconocimiento de tantas atrocidades”. Como consecuencia, “por
dignidad democrática y recuperación de la memoria”, Elorza anuncia una
iniciativa en el Congreso para “eliminar las barreras legales que impiden hacer
públicos estos expedientes”.
En la carta se mencionaba la placa de la calle Padre
Larroca, en la que se señala a Lestón como autor del asesinato, y un contenido
de la web del Ayuntamiento, en el que también consta esa información desde que
García Ripalda recibió la Medalla de Oro de la Ciudad en 2011. Fue una
concesión que Elorza otorgó a todaslas víctimas donostiarras del terrorismo etarra, del GAL y del
franquismo. Un año antes, el Gobierno central había reconocido a García
como víctima policial.
Los hijos de Lestón pedían la retirada del nombre de su
padre de la placa y de la web. Según dicen, le atribuyeron el asesinato a
Lestón porque era el único policía de la patrulla conocido por algunos testigos
al compaginar su trabajo con clases de gimnasia en un centro escolar
donostiarra.
Tras recibir la carta, Elorza pidió pruebas a los hijos de
Lestón, quienes le remitieron al archivo militar de El Ferrol (A Coruña), donde
consta el expediente sobre el caso García Ripalda. Elorza reclamó el
expediente al archivo militar en su condición de diputado y, pese a ello, le
fue denegada con el argumento de que no han transcurrido los cincuenta años
reglamentarios para su desclasificación. Lo consiguió, finalmente, por una vía
“alegal”.
Según el expediente del archivo militar de El Ferrol, el
asesino de García Ripalda no fue Lestón, sino otro de los policías de la
patrulla, José Fernández Espejo. En el documento también se explica el
sobreseimiento de la causa “por el fallecimiento de García Ripalda con ocasión
de los hechos que le serían imputables por presunto delito de terrorismo”.
El expediente aporta la versión
policial que nunca pudo ser contrastada. “Los tres policías siguieron al grupo
de 300 manifestantes por la calle Miracruz que portaban pancartas con
propaganda subversiva, palos, con el fin de fijarse en los cabecillas. Pero al
parecer el policía José Fernández Espejo fue reconocido por uno de ellos, que
resultó ser García Ripalda, quien agredió a dicho policía soltando la pancarta
y asiendo un barrote con las dos manos asestó un golpe al policía y acto
seguido esgrimió una navaja con la que intentó continuar la agresión, por lo
que el policía sacó su pistola sin que eso amedrentara al agresor, quien
soltando la navaja se enzarzó en una pelea cuerpo a cuerpo con ánimo de
arrebatarle la pistola, siendo en esa lucha cuando se disparó la pistola,
causando la muerte de García Ripalda”, señala el auditor militar.
Elorza califica de “increíble” la versión del auditor
militar, que recoge un “un cúmulo de mentiras, en el clásico estilo literario
de la dictadura franquista, con el objetivo de lograr el archivo de la causa”.
Cristina García Ripalda ha sabido, casi 40 años después, que, según el archivo
militar de El Ferrol, el asesino de su hermano no fue Lestón, sino otro
policía. Al no haber existido personación de la familia en el caso, ignoraba todo
lo ocurrido. Hoy se muestra escéptica: “No me creo nada de lo que aparece en
ese expediente”.
FUENTE: LUIS R. AIZPEOLEA, 30 AGOSTO 2015