Esta semana política ha regresado al centro del debate, como un Guadiana que puntualmente aparece y desaparece del armario de tópicos políticos, la cuestión de la atomización competencial y del incremento de costes que representa el sostenimiento del denominado 'Estado de las autonomías'. Puede y debe debatirse sobre cómo racionalizar los costes de estructura, pero hay quienes apuestan, de paso, por avanzar hacia una uniformización del modelo, centralizando mayores competencias en manos del Gobierno central bajo el señuelo de la 'optimización' de recursos. Esta nueva tecnocracia política, aparentemente desideologizada, encubre en realidad un sentimiento de desapego hacia lo que consideran un mero apaño descentralizador que no ha traído más que problemas.
En este contexto, las divergentes posiciones políticas (constitucionalistas, nacionalistas, independentistas y federalistas, entre otras) atomizan las alternativas para encauzar definitivamente el denominado 'caso vasco', y por ello resulta preciso definir los futuros escenarios posibles de desarrollo de nuestro autogobierno. El punto de partida y que permitiría alcanzar consensos de mínimos sería el reconocimiento de una auténtica democracia plurinacional. Los ejemplos, entre otros, de Canadá o Bélgica permiten a nivel comparado comprobar que esta fórmula garantiza un punto de encuentro en el que convivir, pese a los diferentes sentimientos nacionales y los distintos conceptos de soberanía que coexisten.
La acomodación política de las minorías nacionales dentro de una democracia plurinacional debe permitir superar el presupuesto del que parte la ideología que niega la existencia de naciones sin Estado, expresada a través del concepto de que entre el Estado y los ciudadanos no hay estructuras intermedias de poder y de representación como colectividad o como pueblo. Esta teoría simplifica artificialmente el debate y elimina de un plumazo todo intento de expresión de otras realidades nacionales que conviven dentro de un Estado, como el español.
La política, la verdadera política la hacen las colectividades, no un mero factor de individualismo atomizado. Un Estado en el que conviven distintas naciones o nacionalidades con fuerte personalidad histórica, como la nuestra, no puede organizarse sobre la base del principio de unidad nacional, excluyente y exclusiva. ¿Por qué? Porque, como de hecho ocurre en las sucesivas políticas gubernamentales españolas, se acaba siempre otorgando un mayor protagonismo y una mayor relevancia a una de las naciones convivientes, generando así un agravio en el resto.
Esto no es victimismo nacionalista. Es una evidencia que debilita al propio Estado, porque genera un creciente desapego por parte de muchos ciudadanos hacia esa macroestructura de poder; son personas, individuos que creen poder reivindicar su condición de ciudadanos libres, iguales y soberanos y a la vez reclamar el reconocimiento de su pertenencia a una colectividad nacional diferenciada de la estatal dominante.
El Estado de las Autonomías que se acuñó con la Constitución de 1978 flota, se sostiene y sobrevive como un corcho a la deriva, pero no termina de hacer pie. Y no es un problema de meras competencias. Los posibles escenarios futuros podrían contemplar, al menos teóricamente, alguna de estas cinco posibilidades: 1) La involución del propio sistema, no descartable si llegasen a triunfar tesis centralizadoras que reducen todo el problema territorial a la crítica basada en la redundancia estéril e ineficaz de administraciones; 2) El raíl de la continuidad: es decir, seguir con el 'café para todos' y con la improvisación como motor de construcción del sistema, sin atajar ni abordar el verdadero problema latente; 3) Desarrollar elementos y estructuras federalizantes del Estado, a través de un federalismo simétrico; 4) implantar un auténtico federalismo plurinacional, que permitiera el reconocimiento político y constitucional explícito de una democracia plurinacional, un amplio autogobierno y una participación en los asuntos estatales anclada en la idea de bilateralidad; 5) la secesión o independencia.
¿Cómo salir de este atolladero político-institucional? ¿Cómo lograr que se reconozca con normalidad, sin histerismo ni demonización, el deseo de que nuestra condición de nación obtenga el estatus de reconocimiento institucional que la sociedad vasca mayoritariamente reclama? Habría dos vías para avanzar hacia ese objetivo. La primera, tan peligrosa para la convivencia como ineficaz en términos de resultados (y además rechazada de manera abrumadoramente mayoritaria por nuestra sociedad) sería la ruptura del marco jurídico actual a través del choque de proyectos y de ideas. La segunda, tan pragmática como necesaria, reclama avanzar por la vía reformista, sin ruptura abrupta, paso a paso, peldaño a peldaño, con dosis de paciencia, constancia y sapiencia política.
JUANJO ALVAREZ
CAtedrático de DCHO. INTERNACIONAL PRIVADO UPV. SECRETARIO INSTITUTO GOBERNANZA DEMOCRÁTICA.