Bien podría ser una cuestión de pupilas, de una forma de mirar. Me
refiero a si los presos etarras son presos políticos. El penúltimo capítulo en
este debate ya añejo lo escribió el Ministerio del Interior con la prohibición
a esos reclusos de expedir su correspondencia con una coletilla tal. El
espectro ultraabertzale no alberga duda alguna sobre lo oportuno y veraz de la
rúbrica. Su pertinaz martilleo para forjar un lenguaje preñado de
circunloquios, eufemismos, ejercicios de estilo varios y, torsión mediante,
conceptos biensonantes colonizados sin pudor (libertad, democracia, pueblo…) ha
tenido en la etiqueta susodicha uno de sus caballos de batalla predilectos
desde hace décadas. Desde su marco categorial y moral, los etarras no serían
terroristas que han volcado su empeño mortífero en erradicar de su eusko-jardín
imaginado categorías enteras antes definidas como sobrantes. Tampoco serían
responsables de recurrir al método muestral para aterrorizar a la población: un
agente de seguridad hoy, un juez o jueza mañana, un representante político otro
día, y suma y sigue, personas y categorías. Para sus glorificadores la forma
correcta de referirse a ellos es como presos políticos.
La lucha banderiza por retorcer el lenguaje que ha protagonizado el
nacionalismo radical tiene poco de novedoso. Tampoco resulta original. Una
práctica recurrente de todo grupo que recurre a la violencia con fines
políticos es inscribir en la tarjeta de visita de sus miembros la rúbrica de
marras. IRA, GRAPO o la Fracción del Ejército Rojo en Alemania han sido
organizaciones nacionalistas o de extrema izquierda que libraron en su momento
esa batalla terminológica. Es el caso también, por saltar de espectro
ideológico y de tipo de organización, de la neonazi Organización para la Ayuda
a los Presos Políticos Nacionales y de sus Familiares (HNG), proscrita en
Alemania en septiembre del año pasado no porque calificase de “soldados
políticos”; a los convictos que amadrinaba, sino porque la autoridad competente
estimó que su cometido estribaba en hacer todo lo posible por retenerlos en las
garras de la extrema derecha xenófoba y racista. Es decir, por servir de
mecanismo de reproducción de incivilidad en lugar de salvaguarda del orden
democrático.
¿Se puede hablar entonces de los presos de ETA como presos políticos? ¿En
qué sentido? La clave de la respuesta pasa por arrojar previamente luz al
adjetivo, a lo que se entiende por “político”. La política es el conjunto de
actividades conducentes a la regulación vinculante de la convivencia en una
sociedad a partir de la divergencia de opiniones e intereses de sus miembros.
Con estos mimbres, en el caso vasco resulta complicado rebatir la naturaleza
política de la violencia ejercida por ETA durante los decenios precedentes,
bien entendido siempre que su peculiar forma de “fomentar” la convivencia ha
pivotado precisamente en dinamitarla. Su terrorismo es habitualmente catalogado
por quienes se dedican a su análisis como una expresión de violencia política.
La organización terrorista se ha dedicado a imponer con balas y bombas una
propuesta de articulación de la comunidad vasca con el Estado español,
propuesta que se resume en la exigencia de la independencia, y esa es una
actividad intrínsecamente política. Un botón de muestra que ratifica el amplio
consenso en el mundo académico a este respecto lo hallamos en el libro
recientemente editado por Antonio Rivera y Carlos Carnicero Herreros bajo el
título de “Violencia política”, con varias entradas dedicadas al etismo a cargo
de reputados historiadores, sociólogos y filósofos.
Referirse a los victimarios de ETA como políticos en el sentido antedicho
implica reconocer su especificidad dentro del elenco delictivo –de forma no muy
distinta que cuando hablamos de convictos por violencia de género, mafiosos,
violadores o malversadores de caudales públicos–, pero no de forma necesaria
complicidad con la barbarie. Distintos sí, pero en modo alguno mejores porque
en lugar de sembrar dolor movidos por el lucro personal, por ejemplo, hayan
delinquido y asesinado en el nombre de una patria soñada. La etiología del
delito es diferente, no digamos la amplitud del colchón social de quienes les
justifican y ensalzan, ayer y hoy, pero si en un sistema democrático con las
garantías procesales suficientes los tribunales dictaminan que se ha producido
una quiebra del orden social, entonces conviene no confundir lo sustantivo, el
delito que deriva en privación de libertad, con lo adjetivo y accesorio, es
decir, con la motivación subyacente a la comisión del delito.
Hay una variante en el uso de la etiqueta de preso político que late en
la batalla que libra el espectro abertzale radical por definir la realidad, por
hacer calar su relato de lo que ha ocurrido en este país desde que ETA
emprendió su macabra carrera. Rige esta variante sobre todo en aquellos
regímenes no democráticos que encarcelan arbitrariamente a los ciudadanos que
critican abiertamente la naturaleza ilegítima de su gobierno, así como sus
decisiones. La disidencia, la desafección más o menos velada, son todos ellos
delitos de lesa patria que se purgan con cárcel. No se nos escapará que tras la
fórmula de presos políticos fomentada por el nacionalismo radical se esconde un
sibilino y tácito intento de asociación: los miembros de ETA serían víctimas de
la “ira represora” de los Estados español y francés por su ideario
secesionista. Lo accesorio, la vocación por configurar el orden social
saltándose el procedimiento democrático, sería elevado a la categoría de
esencial. Al final la elección de términos se resume en una cuestión de
papilas; de una forma de mirar, sí, pero también de digerir lo observado con
filtros morales o sin ellos. Mientras que algunos prefieren relativizar lo
esencial y pasar de puntillas por el hecho de que se haya asesinado para
imponer un proyecto político, una mayoría se sacude los eufemismos, denomina a
las cosas de forma diáfana y, en lugar de presos políticos, toma el camino más
recto. Es entonces cuando habla de terroristas, de victimarios o de verdugos.
Jesús Casquete, profesor de Historia de la Teoría Política de la UPV y
miembro de Bakeaz.
FUENTE: DIARIO VASCO, 14 ABRIL 2012