«El sistema fiscal vasco está diseñado para que gobierne siempre el mismo partido en todas las instituciones». La frase, compartida por los anteriores y nuevos responsables de la Hacienda foral guipuzcoana (Hamaikabat y Bildu), es una de las conclusiones a la que llegan expertos en política fiscal consultado por este periódico que advierten que, frente al discurso más tremendista y apocalíptico, las lagunas en la normativa fiscal vasca permiten que Gipuzkoa, Bizkaia y Araba tengan impuestos diferentes. Ahora bien, que nadie se lleve a engaño. La advertencia no supone una carta blanca. Los mismos expertos ya avisan de que, una vez producida la desarmonización, las cosas se pueden poner muy feas a la hora de acordar el reparto de ingresos entre el Gobierno Vasco y las diputaciones.
Por de pronto, diputaciones y Gobierno Vasco se reúnen hoy en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) para intentar un acuerdo fiscal de mínimos y de última hora de cara a 2012. No parece fácil alcanzar ese entendimiento y el escenario más previsible en este momento es que el año próximo existan diferentes normativas fiscales en Euskadi. Por un lado, Bizkaia (PNV) y Araba (PP) parecen cerca de sellar un acuerdo para plantear una reforma, que sería diferente a la presentada en Gipuzkoa (Bildu), que cuenta con el visto bueno del Gobierno Vasco (PSE).
Por de pronto, diputaciones y Gobierno Vasco se reúnen hoy en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) para intentar un acuerdo fiscal de mínimos y de última hora de cara a 2012. No parece fácil alcanzar ese entendimiento y el escenario más previsible en este momento es que el año próximo existan diferentes normativas fiscales en Euskadi. Por un lado, Bizkaia (PNV) y Araba (PP) parecen cerca de sellar un acuerdo para plantear una reforma, que sería diferente a la presentada en Gipuzkoa (Bildu), que cuenta con el visto bueno del Gobierno Vasco (PSE).
Lo cierto es que la normativa vigente no es inmaculada. Cada territorio aplica por ejemplo diferentes deducciones en el Impuesto de Sociedades, que grava los beneficios de las empresas, en virtud de la tipología de su tejido económico. Ahora bien: una cosa son deducciones de mayor o menor calado, y otra que Gipuzkoa, por ejemplo, suba el marginal del IRPF al 50% para las rentas más altas o que reduzca las deducciones en apartados tan sensibles como vivienda y EPSV mientras Bizkaia y Araba no le sigan en el camino. O que, llevados al extremo y citando el pasado reciente, un territorio recupere el Impuesto de Patrimonio y los otros no.
Varios meses después de que las diputaciones y el Gobierno Vasco iniciaran sus contactos para una reforma fiscal, las advertencias sobre una posible desarmonización se han repetido sin cesar por parte de unos y otros. El aviso ha pasado ya a ser una especie de espada de Damocles sobre la mesa negociadora y también, por qué no decirlo, sobre la Diputación de Gipuzkoa, que se ha adelantado a sus vecinas ante la falta de avances y ha aprobado ya una reforma fiscal que, eso sí, debe ser avalada por las Juntas.
Ahora bien. ¿Las leyes vascas imponen la armonización? ¿La regulan con claridad meridiana? Expertos en política fiscal consultados por este periódico niegan la mayor y advierten que la «norma no lo aclara, ni especifica qué es armonización y no armonización. ¿Cuál es el límite? ¿Dónde se marcan las horquillas donde se pueden mover los impuestos o los tipos de gravamen?», se preguntan tras recurrir a las leyes que en teoría deberían especificarlo: la Ley de Territorios Históricos, el Concierto Económico, el Estatuto de Autonomía o incluso la Ley de Armonización Fiscal. Todas ellas, añaden los expertos, apuntan claves nada específicas.
Para casos extremos, el Parlamento Vasco aprobó la tan recurrente Ley de Armonización Fiscal 3/1989, modificada posteriormente por la 4/1998. Pese a su enunciado, tampoco aclara la cuestión. Los propios expertos descartan que sea la panacea. «Nunca se ha aplicado y parece complicado», asumen varias fuentes consultadas. Isaac Merino, catedrático de Derecho Financiero de la UPV, descarta que la Ley de Armonización permita armonizar los tipos de gravamen de un impuesto. «No hay una norma vigente para hacerlo. Lo que prevé la Ley de Armonización, precisamente, es crearla. En ella se dice que, cuando proceda, se armonizarán distintos elementos del Impuesto de Sociedades. Entre ellos, el tipo de gravamen. Pero cuando proceda. Ese momento aún no ha llegado y lo debe hacer el Parlamento Vasco».
Merino ya dejó clara su postura cuando Gipuzkoa estuvo a punto de aprobar un Impuesto de Sociedades diferente a Bizkaia y Araba. «No hay una norma directamente aplicable y por tanto exigible, para armonizar los tipos de gravamen del impuesto. O para que los territorios no puedan tener impuestos diferentes. Otra cosa es que sea oportuno o conveniente».
Lo que parece claro es que tanto el Concierto Económico como la Ley de Territorios Históricos atribuyen las competencias fiscales a los territorios, en detrimento del Parlamento Vasco. Por resumir, la dinámica es sencilla. Las normas tributarias se consensúan en el OCT, donde cada institución presenta su proyecto de reforma. El informe derivado se lleva luego a cada Parlamento territorial, pero con una señal de preaviso: no es vinculante. El OCT es un órgano consultivo, por lo que cada Diputación es soberana.
Eso sí, una cosa es que los expertos en política fiscal admitan que las lagunas en la normativa permitan que Gipuzkoa, Bizkaia y Araba tengan impuestos distintos, y otra, bien diferente, es que sus consecuencias sean inocuas. De hecho, es en este punto donde surgen los verdaderos problemas. ¿Cuándo? En el momento de hacer cuentas de lo recaudado. Es decir, en la reunión que cada febrero realiza el Consejo Vasco de Finanzas, donde Gobierno Vasco y diputaciones regulan los flujos financieros.
Por explicarlo en cuatro pinceladas, los tres territorios vascos aportan el 70% de lo que recaudan al Gobierno Vasco. De esa cantidad, Bizkaia aporta el 50%, Gipuzkoa el 33% y Araba el 17%.
Pero, ¿y si un territorio ha recaudado menos que lo que le corresponde en virtud de su peso económico? Las razones pueden ser muchas: la propia idiosincrasia de su tejido económico, que afronta peor épocas de crisis, o en este caso, la aprobación o rechazo a una subida de impuestos. «Cuando un territorio recauda menos echa mano del fondo de solidaridad vigente en la Ley de Aportaciones para llenar las arcas. El problema es que es muy difícil saber por qué ha recaudado menos. Es ahí donde entran los problemas. Una Diputación puede oponerse a que su vecina acuda al fondo de ajuste si piensa que pudo subir los impuestos y no lo hizo, por poner un ejemplo», señala un experto con experiencia en la materia. «En el OCT se aguanta todo, pero en el Consejo Vasco de Finanzas. Son momentos de tensión máxima», añade.
Cada territorio suele tener sus razones. A Gipuzkoa, por ejemplo, se le ha achacado históricamente que recauda menos por el peso del movimiento cooperativo, sometido a un tipo de gravamen en el Impuesto de Sociedades inferior al resto.
Pero, sin duda, el ejemplo más claro ocurrió hace apenas dos años tras la decisión de Gipuzkoa de mantener el Impuesto de Patrimonio en solitario. El modelo obligó a contabilizar los 44 millones que recaudó el territorio como si fueran de todo Euskadi, por lo que obligaba a Bizkaia y Araba a pagar al Gobierno Vasco su parte de un impuesto que no habían recaudado. «Una clara perversión del modelo», tal y como lo definió el consejero de Economía, Carlos Aguirre.
Para resolver el desencuentro, el Gobierno Vasco se comprometió a asumir algo más de la mitad de los 15 millones que le correspondía pagar a Bizkaia, mientras que los 7,4 millones restantes los afrontaba Gipuzkoa con el compromiso de Lakua, según la Diputación, de devolver ese dinero a través de alguna medida anticrisis. Dos años después, esos 7,4 millones ni están ni se les espera. En resumen, de los 44 millones que recaudó el territorio en solitario por el Impuesto de Patrimonio apenas se quedó con 27 millones, el 60% del total.
FUENTE: DIARIO VASCO (D. Taberna), 21 NOVIEMBRE de 2011