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| Esqueletos hallados en la fosa común del cementerio de La Puebla de Cazalla (Sevilla) |
Están frescas aún las palabras del Tribunal Supremo por las
que, en forma de sentencia, se me “absolvía”, después de casi dos años de
suspensión de funciones debido en gran parte a injustificadas paralizaciones
del proceso, de un supuesto delito de prevaricación por haber intentado
investigar, y que lo hicieran otros jueces territorialmente competentes, los
crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad. Esta investigación
no debería quedar enterrada como lo están más de 100.000 personas desaparecidas
en los campos españoles, cuyos restos recuerdan la dignidad de quienes exigen
justicia, frente a la indignidad de quienes lo hicieron y la indiferencia de
quienes permiten que la justicia siga ausente, asumiendo la vergüenza
internacional del olvido y el silencio.
Aquella sentencia, en alguno de sus renglones, alude a la
legítima aspiración de las víctimas a saber lo que sucedió, cómo y por qué,
pero considera que la verdad histórica no es del mundo de la justicia y con
ello desconoce el derecho humano de las mismas a la verdad, la justicia y la
reparación, y da la espalda a la comunidad internacional que, en materia de
derechos humanos, establece exactamente el principio contrario.
Con esta
decisión, de hecho, tales derechos han quedado arrinconados y destruidos, y las
víctimas escasamente compensadas al permitírseles algunos testimonios
conmovedores en el juicio seguido contra mí; pero incluso eso ha tenido que ser
cuestionado por un voto particular ejemplo de lo que la justicia no puede ni
debe ser en un marco democrático y de derecho.
El auto de la misma sala del pasado 29 de marzo (dictado,
entre otros, por el magistrado Luciano Varela y el presidente Juan Saavedra,
que mantuvieron, insistentemente, mi supuesto actuar delictivo por intentar
investigar los crímenes del franquismo y proteger a las víctimas) resuelve la
competencia en favor de los jueces de instrucción territoriales para la
apertura de las fosas y recuperación de los cuerpos, algo que quedó
perfectamente claro y diáfano en mi resolución de inhibición de 26 de diciembre
de 2008, que ni siquiera mencionan. Visto el tenor de aquella resolución (“...
en presencia de indicios objetivables de la existencia de restos de posibles
víctimas de delitos susceptibles de localización (sic) —salvo cuando
de la propia noticia contenida en la denuncia o querella se derive la
inexistencia de responsabilidad penal actualmente exigible (sic)— pueda
instarse del juez de instrucción competente, según el artículo 14,2 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, la práctica de las diligencias dirigidas a datar
aquellas acciones criminales y, si fuera necesario, a la identificación de los
afectados”), no garantizan, ni siquiera el supuesto mínimo de reparación al no
exigir, como deberían, la realización de aquel derecho indiscutible y universal
de las víctimas, limitándose a citar normas internacionales que, de hecho, no
aplican.
En todo caso, quedan otras vías para
que se reconozca el derecho actual a la justicia a las víctimas, como son las
del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. En ningún caso el olvido puede ser el resultado. No mientras
queden fuerzas a quienes consideramos que la respuesta judicial es un derecho
de las víctimas que no puede eliminarse por razones de oportunidad o un mal
entendido principio de legalidad que obligaría exactamente a lo contrario, es
decir, a satisfacer mínimamente aquel derecho.
Tampoco debe olvidarse que en nuestra Constitución está
regulado el derecho de iniciativa legislativa en el artículo 87 que prevé la
posibilidad de que los ciudadanos/as puedan impulsar la aprobación de leyes,
como sería la que regulara la creación y desarrollo de una Comisión de la
Verdad, por encima de las opiniones de los predicadores de la intolerancia y el
desastre y asumiendo una realidad a todas luces imposible de ocultar: la falta
de respuesta desde el Estado por la desaparición de más de 150.000 personas
entre 1936 y 1951 en España como consecuencia directa de la represión
franquista, hiciera un trabajo serio y exhaustivo y diera respuesta a todos los
interrogantes que aún penden sobre ese periodo de nuestra historia reciente.
La Transición no abordó ninguno de los temas relacionados
con los crímenes franquistas y su sanción, ni se habló de verdad, justicia o
reparación. La falsedad en la que vivimos respecto de aquellos crímenes ha sido
potenciada ahora por la sentencia del Tribunal Supremo que habla de la
dificultad de compaginar los principios del sistema penal de enjuiciamiento con
“la declaración de la verdad histórica de un hecho tan poliédrico como el de la
Guerra Civil y la subsiguiente posguerra”.
Realmente es difícil asumir que la
dictadura franquista fuera algo diferente de una pura y dura dictadura, y que a
la falta de derechos, la persecución, el asesinato, la desaparición, la
sustracción de menores a sus legítimas familias y la tortura contra miles de
personas, se les denomine “hecho poliédrico”, pero más difícil todavía es,
tratar de explicarlo fuera de España. Ni los más benevolentes lo entienden. ¿Acaso
se investigaron aquellos crímenes o ha existido voluntad de investigarlos
después, hasta el intento frustrado del juez que fue formalmente acusado y
juzgado por ello? ¿Acaso una ley de amnistía se puede aplicar genéricamente sin
determinación de autores ni de hechos y hacerlo además para amparar crímenes
contra la humanidad? ¿Acaso se ha permitido la investigación que se proponía
sobre los perpetradores vivos? ¿Acaso el actual Gobierno ha mostrado algún
interés en aplicar hasta sus últimas consecuencias la raquítica Ley de Memoria
Histórica? ¿Acaso tiene alguna justificación que se persiga a las víctimas por
manifestarse ante el Tribunal Supremo en demanda de justicia? Son cuestiones,
cuyo simple planteamiento demuestra que la epidermis de muchos políticos
españoles y de una parte considerable de la sociedad es gruesa e impermeable
para estos “temas menores”.
Después de lo sucedido en noviembre de 2011, el panorama
conservador de España, las opiniones y decisiones que cuestionan avances
democráticos evidentes y que van en contra de una opción vertebradora de la
sociedad civil, son abundantes e inquietantes.
Bajo el paraguas de la crisis y la necesidad de salir de
ella, se están orillando intencionadamente cuestiones cuyo planteamiento y
solución afectan a la propia esencia de la convivencia democrática. La
tendencia, claramente manifiesta ya, de obviar fórmulas alternativas de salida
de la propia crisis, basadas en el crecimiento y no en los recortes; permitir
el deterioro de la enseñanza y la cobardía institucional para afrontar una
reforma que todos demandan; asumir la vaciedad del discurso político, que,
huyendo del análisis de fondo, se queda en la descalificación y el insulto;
huir de la reforma en profundidad de la justicia, que la haga verdaderamente transparente
y eficaz; renunciar al cambio de modelo de participación ciudadana, que obligue
a los representantes a ganarse el puesto más allá de las estructuras
burocráticas de los partidos; amparar la lenidad en la persecución de la
corrupción, que ha hecho, junto con la falta de compromiso de la clase
política, que nos encontremos en una situación económica comatosa; destruir la
cooperación internacional que aleja a España de lo que siempre le dio fuerza en
el mundo; imponer un modelo económico que hunde a los trabajadores y exige
demasiado poco a los causantes del desastre; o propiciar la negación de la
memoria, la justicia y la reparación a las víctimas, que coloca a España en el
furgón de cola de los países democráticos, son ejemplos que demuestran la degradación
del nivel ético en un pueblo, auspiciado desde las propias instituciones con
discursos fatuos y engañosos y que evidencian la necesidad de que un verdadero
y definitivo cambio de paradigmas se produzca.
Es hora de dinamizar a todos los/as que todavía sienten la
necesidad de comprometerse en la legítima lucha para superar el modelo de
sociedad adormecida en favor del que representa una sociedad dinámica,
solidaria y comprometida con la consolidación de aquellos valores de
transparencia, participación, recuperación ética y defensa de los débiles,
combatiendo a quienes, desde la soberbia y la negación, quieren imponer un
modelo fracasado y obligar a mantener el más ominoso silencio.
La Comisión de la Verdad sobre los
crímenes franquistas, que se propone, debería, con un carácter integrador e
independiente, acoger los testimonios no solo de las víctimas que aún viven y
que arrastran sus maltrechos cuerpos reivindicando con entereza y valor su
derecho a ser oídas, en demanda de una respuesta del Estado, hasta ahora
inexistente, sino también los testimonios de los que causaron el dolor y de los
expertos. Y, con todo ello, contribuir, a través de sus conclusiones, a fijar,
no solo la verdad histórica, sino la reparación personal y colectiva que se
debe a las víctimas. Con ello se conseguiría cerrar definitivamente la herida
que aún sigue abierta y divide a los españoles/as.
Una sociedad se fortalece a sí misma reconociendo lo que
aconteció en un momento dramático de su historia, así como los hechos que
propiciaron su ruptura y la sumisión a la voluntad del dictador. Y, en este
sentido, no son el silencio y el olvido, ni la impunidad surgida de esa
impúdica unión, los que deben prevalecer en la memoria de un pueblo, sino las
decisiones que hicieron posible, la verdad, la justicia y la reparación de
quienes sufrieron la represión y el dolor por parte de quienes tenían la
obligación de protegerles y no lo hicieron.
La búsqueda de 500.000 firmas para
hacer la petición al Congreso es el mínimo ético que debe mover a un pueblo
para reencontrarse con la dignidad que otros le robaron y debe ser la piedra de
toque para comprobar hasta dónde estamos preparados para afrontar con firmeza
los tiempos difíciles que nos han tocado vivir, en forma diferente a la del
seguidismo que otros nos marcan. Las generaciones que vivimos, en todo o en
parte, el franquismo, le debemos este esfuerzo a los que no lo conocieron y que
aún no saben el precio que se pagó, ni pueden valorar la pérdida de dignidad
que supone la indiferencia de la que se hace gala con demasiada frecuencia.
El juez sudafricano Richard Goldstone, que en 1991 firmó el
informe sobre la violencia en su país, declaró en 1999, en referencia a la
Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica: "Cada país tiene que
enfrentar su propia historia y tiene que decidir qué tipo de justicia quiere,
pero es un error terrible el de aquellos países que han tratado de olvidar su
historia, su pasado, porque cuando eso sucede, y la gente simplemente sigue
adelante con su vida es cuando la venganza y el odio aparecen".
Una Comisión de la Verdad en España es necesaria y si
quienes tienen la obligación de construirla y desarrollarla no lo hacen, tendrá
que ser la misma sociedad la que la impulse para recuperar esa dignidad que las
víctimas nunca perdieron y poder construir un futuro que se sienta en paz con
el pasado y que no se apoyé en decenas de miles de cadáveres a la espera de que
la historia se repita.
Cuando la presentación de firmas en el Congreso se produzca,
espero y deseo que su presidente, que tanto boato y trascendencia dio a la
propuesta taurina de hace unos días, reciba con honores de Estado a las
víctimas que acudan a depositar aquella iniciativa y les ofrezca su apoyo
incondicional como representante de la soberanía popular, para dar prioridad a
una demanda, cuya realización, amén de ser justa, nos reconciliaría
verdaderamente a todos.
"Hay que
derribar el silencio"
Decía Nelson
Mandela, en una carta fechada el 1 de abril de 1985 y dirigida a la activista antiapartheid de
mujeres blancas en Sudáfrica: “Puede que los ideales que albergamos, nuestros
sueños más anhelados y nuestras más fervientes esperanzas no lleguen a
cumplirse mientras vivimos. Pero eso no importa. Saber que en tu día cumpliste
con tu deber y estuviste a la altura de las expectativas de tus congéneres es
por sí misma una experiencia gratificante y un logro magnífico”. Esta cita
viene al caso, porque la semana pasada, en el programa Parlamento de TVE, vi a
un grupo de personas, representando a los toreros, aficionados y empresarios
taurinos que presentaba una iniciativa legislativa, avalada por 590.000 firmas,
para que los diputados discutan y aprueben una ley que regule de forma global a
nivel nacional, la fiesta taurina, como forma de proteger las tradiciones
populares y el patrimonio cultural patrio. El presidente del Congreso, los
recibió con todo el protocolo y, sonriente, dijo que le parecía una iniciativa
magnífica. No sé bien, porque mecanismo mental recordé el artículo
recientemente publicado en este diario de Reyes Mate, en el que comparando el
caso israelí y el español decía: “En España también hay que derribar un muro de
silencio, pero desde una sensibilidad decididamente opuesta, en el caso de los
herederos del franquismo, o prudencialmente distanciada, en el caso de los
protagonistas de la transición. Ahora bien, lo que piden los testigos es ser
escuchados y que se les haga justicia, aunque sea bajo la forma modesta del
reconocimiento de una injusticia. No venganza, sino piedad. Pero ni eso”.