El ex diputado general de Álava, Emilio Guevara y detrás Antonio Caño, Mario Fernández y Pedro Luis Uriarte en uno de los debates de la LTH, en 1983. / EL PAÍS |
La reforma del sistema institucional es uno de esos debates
cíclicos que aparecen y desaparecen, sobre todo, vinculados a situaciones, o
bien de estrechez económica, o a intereses partidistas. En una mezcla de ambas,
el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, abrió el debate la pasada
semana, en Madrid, al pedir una "profunda reforma" del modelo
territorial español que frene a aquellas "comunidades autónomas que
aspiran a convertirse en mini-Estados".
En Euskadi ese debate lleva treinta años emergiendo a lo
público y ahogándose después, pero sin materializarse en nada, pese a que todos
los grupos políticos coinciden en que la distribución de las competencias entre
provincias e instituciones podría mejorarse y abaratarse sustancialmente.
El
Parlamento vasco encargó el jueves al Gobierno la tarea de elaborar un informe
que describa las duplicidades y los costes adicionales que genera el especial
entramado vasco en el que conviven tres administraciones -Gobierno,
diputaciones y ayuntamientos- con amplia capacidad de gasto, pero en el que
sólo una recauda, la foral.
Se trata de analizar los puntos de fricción que genera la
Ley de Territorios Históricos, un texto diseñado en 1983 por el PNV y que todos
los partidos quieren cambiar, salvo, paradójicamente el PNV y el PP. El caso es
que después de casi 30 años como un "tótem inmutable", ha generado
duplicidades de gasto, ineficiencia en la prestación de los servicios y
rivalidades competenciales entre instituciones vascas que encarecen el sistema.
La pregunta es ¿por qué si todo esto es conocido y en
algunos casos está incluso cuantificado, no se ha corregido antes? Las
respuestas son múltiples, y oscilan desde quienes opinan que el problema no son
las duplicidades, fácilmente subsanables- sino las diputaciones y por lo tanto
habría que eliminarlas del sistema institucional, hasta quienes defienden su
vigencia a ultranza, con mínimas correcciones. "La LTH es como el undécimo
mandamiento, se cumple con obediencia incuestionable", caricaturiza un
académico experto en el tema, como una manera de criticar esa especie de
bloqueo político ante una cuestión como esta que, sigue dando ejemplos a diario
de su inoperancia.
El último enfrentamiento, esta vez entre el Gobierno y la
Diputación de Vizcaya por el autobús de Galdakao hasta el metro de Basauri es
elocuente. La competencia del Gobierno es el transporte por vía férrea, la
diputación capitaliza el transporte por carretera. Una diferencia de criterio
entre ambas ha puesto en jaque durante varios días la lanzadera para conectar
el metro, perjudicando seriamente al usuario.
El catedrático de Economía Aplicada de la UPV, Felipe
Serrano, que ha analizado el asunto en dos informes de 1996 y 2006, sostiene
que "hay que abordar dos reformas, acabar con las diputaciones como
estructuras arcaicas y caras, y desmontar después la parte innecesaria de
sociedades públicas que se ha creado alrededor de las instituciones por puro
clientelismo".
En su opinión la inmovilidad de los políticos en este asunto
se basa en que "reformadores y reformados no pueden coincidir", y en
este caso sucedería si se da la reforma. Según esta tesis, las tres
diputaciones representan una reserva de poder y clientelismo político al que,
de verdad, ningún partido está dispuesto a renunciar en serio, por si acaso. En
el otro lado, la parlamentaria del PNV, Ane Urkiola, está radicalmente en
contra de "poner el país patas arriba" con la reforma de una ley que
sigue contribuyendo al desarrollo de Euskadi. "Se puede solucionar con
retoques que estamos dispuestos a hacer pero siempre en un marco de lealtad
institucional que ahora creemos que no se da", sostiene.El acuerdo de
gobierno que en 1999 firmaron PNV y EA ya recogía que, tras veinte años de
vigencia de las instituciones autonómicas "era aconsejable abordar el
estudio de la LTH desde la óptica de conseguir el funcionamiento más eficiente
de los diferentes niveles institucionales y proceder, en su caso, a una
eventual redefinición de funciones". Esa propuesta, con una redacción
similar figuró también en los posteriores programas de coalición nacionalista
de 2001 y 2005, sin que llegara siquiera a iniciarse el más mínimo estudio para
su puesta en marcha.
EA, que nació de una escisión del PNV precisamente tres años
después del nacimiento de la LTH, y en parte por discrepar del modelo
institucional que consagraba, lo analizó en su anterior congreso. "Este no
es un problema de modelo administrativo centralizado o descentralizado, sino
una cuestión política previa: la convicción de que no se puede configurar una
nación ni un estado con instituciones y poderes debilitados por pretensiones
provinciales o territoriales en constante competencia o desgaste".
El análisis de EA es compartido, de alguna manera, por
algunos sociólogos y economistas que atribuyen a la LTH que, un cierto modo de
provincianismo y localismo esté calando en la sociedad y con él algunos efectos
indeseados como la justificación de otro tipo de duplicidades. "A la
gente, no solo no le preocupa que el despliegue de algunas facultades en los campus
universitarios sea más caro que trasladar a todos sus alumnos en helicóptero a
otra provincia, o que haya que triplicar instalaciones, con lo que supone de
gasto inútil", asegura un profesor universitario, sino que demanda que ese
tipo de servicios se den en cada ciudad.
El abogado, negociador del Estatuto, y ex diputado general
de Álava, Emilio Guevara, asegura que el sistema institucional vasco carece de
una alternativa que suscite al menos igual consenso y estabilidad que el
actual. En uno de los documentos solicitados por el PSE durante la precampaña
de las elecciones autonómicas que provocaron el cambio de Gobierno, sostiene
que "el cambio" en este momento pasa por la depuración y eliminación
de los vicios que se han producido en ese cuarto de siglo largo de su vigencia.
Luego aclara que esos vicios no son atribuibles al propio modelo, sino "a
la actuación errónea de nuestros representantes en las instituciones comunes y
forales vascas".
Una conclusión que el PSE ha hecho suya y que aleja
cuanquier ánimo reformista, pero que devuelve la crítica a las consecuencias
negativas de la lucha diaria entre instituciones, es decir de la defensa a
ultranza de la exclusividad de sus competencias y de sus territorios.
Ese concepto casi localista de desarrollo interior y
exterior choca diametralmente con lo que proponen todos los expertos como la
única vía para resituarse en la actual coyuntura que está dibujando la crisis
financiera mundial. Una coyuntura en la que empresarios y teóricos sostienen
que es mejor difuminar el control para ganar influencia y se esa manera
beneficios para la sociedad a la que sirves. El catedrático de Hacienda Pública
de la UPV, Ignacio Zubiri emplazó el jueves a las diputaciones a aliarse con
grupos de presión, institucionales o no, para lograr regiones más grandes, en
este caso para que la UE descentralice los impuestos indirectos.
La Ley
de Territorios Históricos, de noviembre de 1983, es la que restableció,
actualizó y desplegó el autogobierno foral, después del franquismo, fijando las
relaciones y el reparto competencial entre las diputaciones y el Gobierno.
Diseñada
en su día a imagen y semejanza del PNV, tres años después ya empezó a dar
problemas al convertirse en una de las causas de la escisión que partió a la
organización que presidía Xabier Arzalluz con la salida del entonces lehendakari,
Carlos Garaikoetxea y la creación de EA.
La LTH
reserva al Parlamento vasco y al Gobierno autonómico la supremacía política e
institucional de la administración de Euskadi. Otra cosa es la económica.
Las
diputaciones, al ser las únicas entidades reacaudadoras, condicionan y
mediatizan todas las políticas económicas de Gobierno y ayuntamientos. El
Ejecutivo no dispone de instrumentos para abordar reformas tributarias y
mejorar sus ingresos, sólo los tienen las diputaciones con lo que todo el
presupuesto del Gobierno depende de las aportaciones forales.
Los
ayuntamientos están todavía mucho peor. En estos últimos 30 años los sucesivos
gobiernos del PNV no han sido capaces de aprobar la Ley Municipal, dejando
incompleto el modelo institucional y a los ayuntamientos pendientes de las
decisiones de la diputación de turno para sacar adelante sus proyectos. Ahora
está intentado sacarla adelante el PSE. La Ley de Aportaciones es la tercera
pata del entramado, y ésta regula los flujos económicos entre la administración
foral y la vasca.
El
encaje de la LTH en la Constitución es a través de la disposición adicional
primera. El Estatuto de Gernika la canaliza a través del artículo 3 de su
texto.