El 2 de marzo de 1974, hace ahora 40 años, un médico militar
certificaba la muerte en la cárcel Modelo de Barcelona de Salvador Puig Antich“por
parada cardiorespiratoria por garrote”. Tenía 25 años. Su figura ha sido
popularizada por el cine, pero las
circunstancias de su caso siguen envueltas en una espesa niebla. El
caso fue decretado “materia informativa reservada” y así sigue.La solicitud de
revisión del proceso contra Puig Antich ha sido denegada dos veces, pero
el caso sigue abierto en Argentina — en manos de la juez María Servini
de Cubría, que recibió la querella por genocidio de las víctimas del franquismo
iniciada por Baltasar Garzón— La prohibición de acceder a la documentación
policial custodiada por el Ministerio del Interior continúa vigente. Esta
imposibilidad de acceder a los documentos oficiales, ha mantenido vivos una
serie de tópicos que ocultan la dimensión de una ejecución que marcó la hoja de
ruta del final de la dictadura, incapaz ya de mantenerse sin el uso de la
fuerza.
El proceso, desarrollado entre septiembre de 1973 y marzo de 1974, fue mucho más que una simple venganza por la muerte del presidente del Gobierno Carrero Blanco. Se cruzó con la primera crisis del Gobierno de su sucesor, Arias Navarro, abierta por la decisión de endurecer a toda costa la política represiva y terminar con cualquier experimento reformista.
Arias, que había sido director general de Seguridad y ministro de Interior, fue el elegido por Franco para ello. Al contrario de lo que se suele asegurar, Arias no se planteó ni siquiera la posibilidad del indulto a Puig Antich, asunto al que apenas dedicó tiempo. Sus planes no pasaban por contrariar la sentencia de un tribunal militar, y mucho menos la de un asesino de un policía de la Brigada Político Social. La correspondencia del Gobierno Civil de Barcelona, y, sobre todo, dos documentos inéditos, los informes de 28 de febrero y de 29 de marzo de 1974 de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, así lo demuestran.
La causa judicial estaba prácticamente terminada antes de la muerte de Carrero. A finales de noviembre de 1973, el fiscal militar emitió sus conclusiones provisionales en las que pedía ya la pena capital. El atentado del 20 de diciembre aceleró su tramitación, pero no alteró el rumbo. Fueron declarados hábiles los días de Navidad y, el 31 de diciembre, mientras Arias Navarro era recibido en El Pardo con honores, el fiscal reiteraba su petición de pena de muerte para Puig Antich.
El Gobernador Civil de Barcelona, Tomás Pelayo Ros, intentó mediar antes de que la sentencia se hiciera definitiva en el consejo de guerra fijado para el 8 de enero. Escribió una carta el 1 de enero al nuevo ministro de Interior haciendo dos observaciones sobre el proceso. “La primera es la duda existente sobre si Puig Antich tiene un perfecto conocimiento de los hechos realizados o se encuentra afectado por algún trastorno mental. La segunda, si los disparos que recibió el cuerpo del policía señor Anguas procedían todos ellos del arma empuñada por Puig Antich, puesto que no está suficientemente demostrado cuántas veces disparó”. La respuesta fue esta breve nota manuscrita: “Al subsecretario de despacho para que me hable y prepare contestación evasiva”. El Ejército tenía luz verde.
El 8 de enero, Puig Antich era condenado a muerte por un tribunal en el que el mismo capitán general de Cataluña había pedido la presencia de “capitanes jóvenes resolutivos”. La sentencia fue ratificada por el Consejo Supremo de Justicia Militar, un día antes del discurso de toma de posesión de Arias Navarro ante las Cortes, el conocido como Espíritu del 12 de febrero.
El Gobierno no tenía dudas, solo calculó el momento para solapar la presión interior y exterior con una clara intencionalidad política: desacreditar a los reformistas, aplacar a la extrema derecha y congraciarse con el Ejército y la Policía. Así lo explicaba el embajador norteamericano, Horacio Rivero, al secretario de Estado Henry Kissinger: “El interés del Gobierno en el orden público y su sensibilidad a las presiones de la extrema derecha, explica la decisión de ejecutar al anarquista catalán Puig Antich. Para tomar esta decisión, el Gobierno se ha mostrado públicamente del lado de la ley y el orden antes que de la moderación de los países extranjeros y los grupos liberales españoles”.
“En la clase política española”, según Rivero, “prevalecía el sentimiento favorable a la ejecución, pero era un asunto delicado que podía írsele de las manos al Gobierno. Además de empeorar la mala imagen ante Europa y bloquear el ingreso en el Mercado Común, una política favorable a la pena de muerte produciría una división con los aperturistas, incluida parte de la Iglesia”. No se equivocó. El 24 de febrero estallaba la crisis: el obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, era acusado de alentar el separatismo en sus homilías. Arias pidió al secretario de Exteriores que convocara al nuncio apostólico el 1 de marzo.
Esa misma tarde estaba convocado un consejo de ministros para aprobar la ejecución. A Puig Antich le quedaban exactamente 12 horas de vida. El jefe de Policía de Bilbao comunicó al obispo que debía abandonar el país. El cardenal Tarancón informó al Gobierno de que esas amenazas podían ser sancionadas con la excomunión, forzando la implicación del propio Franco en el asunto Añoveros, pero no intervino en el de Puig Antich, como a veces se ha dicho.
La decisión de no conmutar la pena de muerte estaba tomada bastante tiempo atrás. El 28 de febrero, Rivero informó sobre su encuentro del día anterior con el secretario general de Iberia, Carlos Viniegra, quien le habría asegurado que la decisión del Gobierno de ejecutar a Puig Antich se habría tomado “hace semanas, pero no se haría pública hasta el regreso del viaje de los Príncipes”, que se encontraban de gira oficial por Filipinas, India y Arabia Saudí. Los príncipes habían regresado a Madrid el 27 de febrero y la crisis debía resolverse de manera inmediata de orden del propio Arias, que quería evitar a toda costa los problemas provocados tras los indultos del proceso de Burgos a varios miembros de ETA.
Las verdaderas razones de la ejecución de Puig Antich, por tanto, estaban radicadas en el malestar anterior a la muerte de Carrero. Así lo señaló el embajador Rivero en un documento crucial fechado el 29 de marzo: “Todo indica que al optar por una ejecución rápida, el Gobierno quería evitar a toda costa la lección del proceso de Burgos de 1970, donde las dudas y las vacilaciones finales que llevaron al indulto preocuparon muy seriamente a los militares, la policía y a sus aliados más conservadores, que lo vieron como una prueba de debilidad convertida en una victoria por los agitadores de dentro y fuera de España”. El tiempo de las conmutaciones y los indultos había pasado, como quedó demostrado poco después.
Fragmento del libro 'Puig Antich: la transición inacabada (1973-2013)', de próxima aparición, de Gutmaro Gómez Bravo, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense.